• La iniciativa legislativa se tramitará por procedimiento de urgencia.

• Desde Presidencia niegan que se trate de una legalización de la corrupción.

La última oleada de imputaciones que han sacudido la actualidad, han dejado un amplio mapa de corrupción en España, con escándalos repartidos por todas partes. El Gobierno ha decidido plantarle cara al problema proponiendo “algún tipo de regulación” que minimice la mala imagen que se da. No quieren que la gente pueda pensar que la clase política es corrupta.

Ante el aluvión de críticas a la medida, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha aclarado que la iniciativa “no es una legalización de la corrupción, ni es una normalización, es…Una regularización. No vamos a legalizarla, vamos a regularla”. La portavoz del Gobierno ha declarado también la “firme voluntad” de lucha contra la corrupción, que se traduciría en la elección del procedimiento legislativo de urgencia que acortará los trámites a la mitad. “Que no digan que no hacemos nada”, ha concluido.

Desde la oposición descalifican la medida. Opinan que será tan poco efectiva y tan vergonzosa como lo fue en su momento la amnistía fiscal y ven difícil y compleja su aplicación. Las redes sociales arden en llamas desde el anuncio de la iniciativa del Gobierno y no han tardado en circular airadas quejas y comentarios humorísticos sobre la polémica medida.